Más que una fecha

El intento de Golpe de Estado el 23 de febrero de 1981 se convirtió en un acontecimiento decisivo no sólo para la consolidación de la monarquía española, sino también para la democracia.

El rey don Juan Carlos de Borbón representó un papel trascendental este día, que recuerda lo poco que faltó para que el sistema se viniera abajo.

Pasados 32 años de esta fecha, el sistema vuelve a desquebrajarse. Esta vez, la disconformidad con el Gobierno no la protagonizan un grupo de militares armados, sino gente de a pie que utiliza sus manos y su voz para defender la democracia que se había garantizado desde aquel día.

Sin embargo, en esta ocasión, no será la Casa Real la que defienda, como hizo entonces, el estado social y democrático de derecho, sino que protagonizará uno de los muchos escándalos que salpican a España.

Confiemos en que, como sucedió ese 23 de febrero, alguien abogue verdaderamente porque se preserve la democracia.

La voz del cambio

Desahucios, desempleo, recortes en educación, sanidad, son sólo algunos de los problemas que cada vez más españoles están sufriendo. El sistema se desquebraja y sin embargo, a los que nos gobiernan, no parece quitarles el sueño.

La sociedad pide a gritos un profundo cambio en todos los órdenes, ya que parece insólito que tras millones de avances tecnológicos, no se pueda hablar del mismo avance en cuanto a mentalidades se refiere. Nos hemos quedado anclados bajo un sistema que manifiestamente no funciona y, a pesar de ello, las únicas medidas que toma nuestro Gobierno son recortes aquí y allá sin atender a razones de peso, sólo a las directrices de Europa. 

Lamentablemente, todo lo que se está recortando constituye los pilares más básicos para el buen funcionamiento de una sociedad. Se pide un ineludible cambio en las instituciones, se necesita devolver a los ciudadanos la confianza en sus dirigentes y, del mismo modo, dejar a un lado las luchas internas de los dos grandes partidos opositores para, juntos, trabajar verdaderamente en poner medidas acordes con las circunstancias y posibilidades del ciudadano, desde una perspectiva social y racional que se ajuste verdaderamente a la realidad que se vive hoy en día en España.  La transparencia en la labor de todas las instituciones representativas es esencial para conseguir dicho fin, así como escuchar las demandas ciudadanas recuperando los valores democráticos.

La sociedad reclama una respuesta urgente e inmediata por parte de nuestros dirigentes políticos que, sin embargo, están muy ocupados resolviendo sus conflictos internos y judiciales y no ven más allá de sus propios intereses.

Esperemos que nuestra voz, resista aun más y sea oída finalmente por ellos.

Con la puerta en las narices

Las reuniones a puerta cerrada se están convirtiendo ya en un ritual a seguir por parte de los poderes del Estado. La politización de las televisiones autonómicas, por otra parte,  tampoco es ninguna novedad y  es que, la manipulación mediática e informativa en la que están inmersos los trabajadores de los medios es cada vez más alarmante.

Lejos de servir como medio de consolidación del proceso democrático, los medios de comunicación, se han convertido actualmente en empresas privadas al servicio del poder político y económico. De este modo, se ha monopolizado el espacio público de intercomunicación e intercambio y  se ha tomado posesión de una poderosa industria de control social.

Sin embargo, parece que hemos olvidado los principios básicos por los que se regían los medios de comunicación, tales como la libertad de expresión o la variedad de fuentes de información, todo ello dentro del marco de interés público del ciudadano.

No sólo los periodistas como nexo de unión entre la sociedad y el Estado deben frenar esta situación, sino también deben ser los propios ciudadanos quienes luchen por mantener un espacio reservado para ellos en el que se materialice la libertad de expresión y de información veraz en todos los ámbitos.  Para ello es esencial la protección legal y legítima a través de normas jurídicas o políticas públicas que garanticen la transparencia del Estado y devuelvan a la marca España el prestigio que actualmente  está perdiendo nacional e internacionalmente.

La monarquía española se tambalea

La abdicación de la reina de Holanda la semana pasada ha abierto el debate social y político acerca de la pervivencia de nuestro modelo de Estado. Y es que, tras los numerosos escándalos que han salpicado a la Casa Real, cada vez son más personas las que se preguntan si es hora de un cambio también para España.

Es evidente que el caso Urdangarín, el accidente de Froilán y la caída de Don Juan Carlos durante su safari en Botsuana, son muestras claras de un desgaste profundo de esta institución que, años atrás, se ganó el respeto y confianza de una nación. Fue durante la época de la Transición Española, en la que la figura del monarca fue esencial para la garantía y el orden de España y es, fundamentalmente por ello, por lo que el papel de jefe de Estado permanece vigente a pesar de su función meramente representativa en la actualidad.

Sin embargo,  nos encontramos en un momento difícil de crisis donde las sensibilidades están a flor de piel y los últimos acontecimientos protagonizados por la Casa Real no hacen más que desprestigiar su imagen. Es innegable que la monarquía se desmorona por sí sola, y España pide un cambio en la forma de gobierno que devuelva la confianza y la credibilidad en las instituciones que la representan.

El futuro del príncipe Felipe está en entredicho, pero lo que es irrefutable es la necesidad de avanzar hacia la institucionalización y transparencia económica de todos los poderes del Estado para fortalecer la democracia.