Las reuniones a puerta cerrada se están convirtiendo ya en un ritual a seguir por parte de los poderes del Estado. La politización de las televisiones autonómicas, por otra parte, tampoco es ninguna novedad y es que, la manipulación mediática e informativa en la que están inmersos los trabajadores de los medios es cada vez más alarmante.
Lejos de servir como medio de consolidación del proceso democrático, los medios de comunicación, se han convertido actualmente en empresas privadas al servicio del poder político y económico. De este modo, se ha monopolizado el espacio público de intercomunicación e intercambio y se ha tomado posesión de una poderosa industria de control social.
Sin embargo, parece que hemos olvidado los principios básicos por los que se regían los medios de comunicación, tales como la libertad de expresión o la variedad de fuentes de información, todo ello dentro del marco de interés público del ciudadano.
No sólo los periodistas como nexo de unión entre la sociedad y el Estado deben frenar esta situación, sino también deben ser los propios ciudadanos quienes luchen por mantener un espacio reservado para ellos en el que se materialice la libertad de expresión y de información veraz en todos los ámbitos. Para ello es esencial la protección legal y legítima a través de normas jurídicas o políticas públicas que garanticen la transparencia del Estado y devuelvan a la marca España el prestigio que actualmente está perdiendo nacional e internacionalmente.
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